12/06/2024 13:20
La Delegación del Poder Popular, condena los actos de represión ejecutados por la Policía Nacional, ante una protesta laboral que realizaron compañeros trabajadores de las maquilas Delta Apparel Cortés y de Delta Apparel Honduras, el martes 11 de junio de 2024.
En un desproporcionado uso de la fuerza, la policía utilizó una tanqueta de agua antimotines que echó directamente sobre la humanidad de los trabajadores apostados frente a la Zona Industrial de Procesamiento (ZIP) Buena Vista en Villanueva, Cortés, acudiendo a viejas prácticas de represión ante la protesta social que es un derecho humano.
“Las personas tienen derecho a protestar pacíficamente, y los Estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho. Esto significa que no deben interferir en las protestas, a menos que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otras personas”, expresa Amnistía Internacional.
Más de 1900 obreros de la maquila fueron notificados que serán suspendidos por 120 días (tres meses) sin goce de sueldo, agregando que se les está irrespetando el contrato laboral, esto los llevó al paro laboral desde el lunes 10.
Los empleados exigen el cumplimiento a sus derechos laborales y el pago de salarios adeudados; también denunciaron suspensiones sin sueldo y agresiones físicas, así como amenazas con armas de fuego por parte de los guardias de seguridad del complejo industrial.
Ante esa serie de violaciones laborales, sumó el ataque policial que dejó a muchas personas afectadas por el impacto del agua, golpes y tratos degradantes de parte de la fuerza represora.
Por lo que nos unimos a las exigencias de investigación sobre este hecho, pese a que la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado indicando que tomará acciones para verificar el cumplimiento de los estándares establecidos en el Manual de Uso de la Fuerza y el Protocolo de Actuación de la Policía Nacional para el Despeje de las Vías Públicas, afirmamos que estos hechos no se deben permitir ni repetir, pues “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado”, según el artículo 59 de la Constitución de la República.
Tegucigalpa, MDC, 12 de junio de 2024